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Usa PRD recursos de la CDMX para candidaturas del Frente en la CDMX


César Cravioto, vocero de Claudia Sheinbaum, Víctor Hugo Romo, candidato de Morena a la alcaldía de Miguel Hidalgo, presentaron evidencias del presunto desvío de 21 millones de pesos a favor de Margarita Martínez Fisher, abanderada de la alianza PAN-PRD-MC por esa demarcación.

En conferencia de prensa los morenistas presentaron tres vídeos en los que se ve y se escucha al presidente del PRD en la delegación Miguel Hidalgo, Oscar García Cervantes, ofrecer el programa Seguro de Desempleo a cambio de conseguir votos para la panista Martínez Fisher.

Tengo un formato donde se les va a dar a cada líder y operador 7 mil pesos por mes, por seis meses... Por ejemplo, si me dices sí en dos semanas ya lo tienes tú, son 7 mil por tarjeta”, asegura.

En otro vídeo se implica al operador de la campaña de Martínez Fisher, Jesús Suárez García, quien en una llamada telefónica acepta que se le va a pagar por medio del Seguro de Desempleo a la joven Alondra Daniela Ruíz Solís, su trabajo como promotora del voto de Martínez Fisher.

Las dos mujeres contratadas a través del Seguro de Desempleo, y la madre de una de ellas, confirmaron que anoche interpusieron denuncia formal ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en contra Margarita Martínez Fisher, sus operadores Jesús Suárez García y Oscar García Cervantes, este último también presidente del PRD en Miguel Hidalgo, y contra quienes resulten responsables.

"No podemos tolerar que sigan violando las normas electorales y robando el dinero público, de los contribuyentes, y que fue etiquetado para ayudar a las personas que no tienen empleo o lo perdieron por alguna razón y necesitan llevar de comer a sus familias", expresó Romo Guerra.

Pidió al gobierno de la ciudad y a sus aliados del PAN jugar con apego a las reglas establecidas y sin quebrantar la ley, por el bien de la ciudad y de la gente.

Adelantó que las jóvenes condicionadas ya presentaron denuncia ante el IECM y mañana la van a interponer ante la Contraloría General de la CDMX y la PGJ local.

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