Notario busca recuperar patente tras sanción por irregularidades

Un juez federal ordenó reponer el procedimiento mediante el cual fue cancelada la patente notarial de Alejandro Moreno Morales, quien fuera titular de la Notaría Pública número 2 de Zacatelco, San Luis Potosí. Aunque la resolución derivó de un amparo, no deja sin efecto los señalamientos por diversas irregularidades administrativas detectadas durante el ejercicio de su función.

El caso se remonta al expediente administrativo 19/2023, iniciado a partir de una queja contra Moreno Morales. Después del desarrollo del procedimiento, la Dirección de Notarías emitió una resolución en enero de 2025 y posteriormente remitió el asunto a la Secretaría de Gobierno estatal.

El 26 de mayo de 2025 se determinó cancelar la patente, medida que se ejecutó un mes después. La resolución estableció que Moreno Morales incurrió en violaciones a los artículos 218 y 225 de la Ley del Notariado, relacionadas con responsabilidades administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones como fedatario público.

Uno de los puntos analizados por la autoridad fue el manejo de recursos que clientes entregaron para cubrir impuestos y otras contribuciones. Los montos debían transferirse de manera oportuna a las autoridades correspondientes.

La resolución oficial señaló que la cancelación derivó de conductas consideradas sancionables conforme a la legislación notarial, así como de una queja administrativa presentada de manera formal contra Moreno Morales.

A estos antecedentes se sumó, en julio de 2025, el señalamiento de una particular, quien aseguró haber entregado durante tres años más de 400 mil pesos a Moreno Morales para cubrir impuestos, gastos y avanzar en la regularización de un predio, sin que el trámite concluyera.

El escenario jurídico cambió en mayo de 2026, cuando un juez federal concedió un amparo a Moreno Morales y ordenó reponer el procedimiento de cancelación, al considerar fundados algunos de sus argumentos.

La resolución judicial se refiere al procedimiento mediante el cual se determinó retirar la patente. Sin embargo, no establece que las irregularidades que originaron el expediente administrativo sean inexistentes ni constituye una absolución respecto del fondo del caso.

El Gobierno estatal impugnó la determinación, por lo que el asunto continuó bajo revisión de un Tribunal Colegiado. La resolución de esa instancia definirá el curso que deberá seguir el procedimiento y, eventualmente, la situación jurídica de la patente de la Notaría Pública número 2.

El caso mantiene dos aspectos bajo análisis: la legalidad del procedimiento mediante el cual se canceló la patente y los antecedentes administrativos que llevaron a la autoridad estatal a imponer la sanción.

La reposición del procedimiento implicará revisar nuevamente el proceso que derivó en la cancelación de la patente, así como los señalamientos administrativos que dieron origen a la sanción.